La Fiscalía de Jalisco deja en evidencia el sistema de “blanqueo” de ganado robado por parte del CJNG: al ganadero Víctor Ponce le robaron 150 reses el día de su secuestro; el ganado fue desplazado con permisos de la asociación ganadera local. Por otro lado, el cártel se diversifica y controla las minas de plata en el cañón de Bolaños. El Estado mexicano permanece pasivo.
La investigación de dos privaciones de la libertad en Huejúcar, norte de Jalisco, el 23 de mayo de 2023, que derivaron en los asesinatos del ganadero Víctor Ponce Ríos y su ayudante Luis Fernando García Pérez, cuyos cuerpos fueron encontrados el 16 de junio siguiente, ha puesto en evidencia una red de corrupción manejada por “La Plaza” criminal de la zona, que permitió robarle a la víctima hasta 150 cabezas de ganado que fueron movilizadas con papelería de la Asociación Ganadera local.
En el marco de la averiguación criminal 39861/2023, seguida por la Fiscalía General de Jalisco, se ha podido documentar el papeleo que se siguió para extraer las reses del sitio en que el ganadero acopiaba. El único modo de evitar ser molestados durante el tránsito ante la gran cantidad de animales y de vehículos que se requirieron fue contar con guías amparadas por la Asociación Ganadera Local de Huejúcar.
Guías amparadas por la Asociación Ganadera Local de Huejúcar para movilizar 150 cabezas de ganado
copia de una de esas guías utilizadas para la movilización (El Economista)
En las pesquisas, el agente del Ministerio Público ha establecido la presunta responsabilidad de los que dan la cara formal en el “blanqueamiento” de ese abigeato: el presidente de la asociación ganadera local, Miguel F., que aportó las guías, y los ganaderos Roberto R., Martha M. y Orlando J., quienes aportaron las “formas valoradas” para acreditar ese ganado como de su propiedad.
Se debe precisar que en todos los casos, se trata de personas que se dedicaban al oficio muchos años antes de que el cártel criminal decidiera capturar el negocio, por lo que no es descabellado asumir que han sido obligados a participar y dar la cara, lo que desafortunadamente para ellos los ha expuesto en el tema legal.
El agente del Ministerio Público solicitó al juez la aprehensión, pero le fue negada y el proceso está en fase de apelación, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación a la que tuvo acceso este diario. La familia del agraviado exige que se aplique justicia; detener a los que arrojan los primeros elementos de prueba debería ayudar a dar con toda la red de corrupción y desmantelarla.
Cómo funciona la red
El crimen organizado controla el negocio del ganado bovino de exportación que hace único al norte de Jalisco. Cada ejemplar puede significar 5 pesos por kilogramo de ganancia para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que impuso “gerentes” o acopiadores regionales para administrar la operación.
El cártel ordenó a los ganaderos a quién vender y a quién cobrar comisión. De acuerdo a ganaderos consultados, la región produce 100,000 cabezas de exportación al año. Las primeras noticias que corrieron de este “acuerdo” impuesto comenzaron el 3 de octubre de 2022.
Las reuniones “informativas” se dieron en los 10 municipios de la demarcación, y como no se respondió a los primeros llamados, hubo que ponerse rudos. La agrupación criminal utilizó a los ganaderos más connotados de cada municipio para “encargarles” la operación del modelo. Por grado o por fuerza. A comienzos de noviembre, ya estaba allanado el camino.
“La Plaza” designó dos ganaderos responsables en los municipios de Colotlán, Villa Guerrero, Totatiche, Huejúcar y Huejuquilla, que deberán gestionar la red de control a favor de ellos en esas demarcaciones y las otras 5 que conforman la región: San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Bolaños, Mezquitic y Santa María de los Ángeles. Todos los operadores se dedican al oficio de varias generaciones.
No hay manera de que se zafen: el grupo criminal ha tenido acceso a toda la información oficial del Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y del Siniiga (Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado), que opera a nivel de cada municipio. Los burócratas locales son la “garganta profunda” que les mantienen actualizada la información que remite no sólo a cada predio y ranchero, sino a cada animal que nace, pues debe ser registrado, lo que corresponde a un “arete” que es un código de 6 dígitos que permanece en un registro a nivel de cada asociación ganadera local.
Esas asociaciones ganaderas locales emiten guías de tránsito y “formas valoradas” (una especie de factura, pues muchos productores no están dados de alta en Hacienda) que les entrega la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, esenciales para mover el ganado hacia centros de acopio o rastros. El control se logró por amenazas o por corrupción, ante la nula intervención del Estado mexicano.
Víctor Ponce Ríos fue obligado a fungir como acopiador de la zona de Huejúcar. A comienzos del año le exigieron dos millones de pesos. En mayo lo secuestraron, se llevaron su ganado y en junio apareció muerto en un paraje zacatecano.